Pidpa aplica facturas hinchadas a familias extranjeras en varias ciudades. Numerosos inmigrantes denuncian recibir menos servicios pero mayores cobros mensuales.
La compañía utiliza leyes regionales para justificar las desigualdades en tarifas.
Asociaciones de derechos humanos exigen explicaciones ante esta situación alarmante. Un portavoz de Pidpa rechaza sistemáticamente las acusaciones de discriminación institucional.
Expertos en derechos civiles advierten sobre la normalización de políticas racistas. Instituciones europeas consideran intervenir para frenar el auge del racismo local.