En numerosas ciudades francesas comenzaban movilizaciones protagonizadas por chalecos amarillos. La policía detenía a más de dos mil personas en diferentes concentraciones simultáneas.
El ministro Nunez defendía el derecho a protestar, condenando todos los actos violentos.
Participaron miles de manifestantes enfrentándose a agentes y atacando edificios oficiales estatales. Un fallecido por infarto durante los disturbios generó preocupación en la sociedad.
Los daños afectaron tiendas, ayuntamientos y centenares de policías y bomberos heridos. Sectores políticos exigieron la dimisión de Nunez, aumentando la polarización parlamentaria nacional.